Clausuran centro de rehabilitación en Chivilcoy por irregularidades y sin habilitaciones

En Chivilcoy, el martes 10 de junio por la noche, se retiró al último residente de una granja de recuperación de adicciones que operaba sin habilitaciones legales. La clausura del establecimiento tuvo lugar el miércoles 11 por la mañana, con la intervención del Juez de Paz Letrado, Dr. Eduardo Banchero, acompañado por el Dr. Butteri del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Inspectora Sanitaria Nicole Peruzzo, de la Región Sanitaria X. La medida fue adoptada en el marco de un proceso judicial iniciado tras una denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad local.

La clausura se oficializó mediante la colocación de una faja, tras la inspección ocular realizada por el magistrado y las autoridades sanitarias. Durante la revisión, se constató que el establecimiento no contaba con habilitación del Ministerio de Salud, habilitación municipal ni del Ministerio de Justicia. Además, carecía de planos siniestrales aprobados por Bomberos, un dossier específico requerido por la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, pólizas de seguro y diversas inscripciones necesarias ante organismos provinciales.

El último de los s alojados, cuya situación dependía del Servicio Penitenciario Bonaerense debido a su contexto judicial, fue retirado con la correspondiente intervención de la justicia. A lo largo del proceso, se preservaron los derechos de las 53 personas que se encontraban alojadas en el lugar, mediante un operativo articulado con el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario y los municipios de origen de los internados que no eran de Chivilcoy.

La Policía Comunal de Chivilcoy fue la encargada de cumplir con el oficio judicial que dio inicio al procedimiento de clausura, conforme al artículo 86 del Decreto Ley 8031/73. Cabe destacar que el 8 de mayo el Dr. Banchero ya había encabezado una inspección ocular en el lugar, luego de que resultaran infructuosos los intentos anteriores por parte del personal policial, al no permitirse el ingreso por parte de representantes de la institución.

En su momento, el juez había confirmado a este medio el avance del expediente judicial derivado de la denuncia formalizada, y el curso posterior que incluyó el traslado progresivo de los internos y las actuaciones legales correspondientes.