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El Tribunal busca desactivar la posibilidad de que la expresidenta viaje a La Habana, sin tratado de extradición con la Argentina
La expresidenta saluda desde el balcón de su casa en Constitución / NA
CARLOS BAROLO
El tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner, que es el encargado de hacer cumplir la pena tras el fallo de la Corte Suprema confirmando los seis años de prisión, envió ayer un comunicado a la Dirección Nacional de Migraciones para clausurar toda posibilidad de que la ex presidenta pueda radicarse en un país sin tratado de extradición con Argentina -como Cuba, por ejemplo- y permanezca allí a la espera de algún cambio en el escenario político.
La idea que motiva el pedido, según fuentes cercanas al tribunal, es evitar casos como el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri, quien, teniendo un pedido de captura, se declaró en rebeldía durante tres años en Uruguay, en el marco de una causa por presuntas amenazas en la que finalmente fue sobreseído.
De esta manera, el tribunal que preside el juez Jorge Gorini busca desactivar cualquier maniobra “especulativa” que proyecte una estadía de la ex presidenta fuera del país, a la espera de, por ejemplo, algún eventual cambio de gobierno que le permitiera eventualmente recibir un indulto. Una gran cadena de supuestos que la Justicia busca cortar de raíz.
En rigor, no parece a priori que Cristina buscaría esa eventual salida sino lo contrario: que, aún detenida, intentará seguir manteniendo la centralidad política y digitar el accionar del peronismo en este año electoral y frente al gobierno de Javier Milei.
Lo cierto es que las versiones más fuertes indican que Cristina podría entregarse el próximo miércoles, mientras desde su entorno presionan a gobernadores y la CGT para que la acompañen.
El comunicado del juez a Migraciones fue solo una de las primeras medidas de la Justicia, luego de que la Corte dejara firme la sentencia contra la ex presidenta a seis años de prisión y las actuaciones volvieran al Tribunal de origen para que proceda a la detención.
Al igual que otros condenados, Cristina Kirchner pidió, a través de su abogado defensor Alberto Beraldi, cumplir la pena en su casa. La asiste para pedir ese derecho la edad (mayor de 70 años). Pero no es una cuestión obligatoria que deba aceptar la Justicia. Desde el miércoles, esa solicitud está en manos del fiscal del juicio oral en la que fue condenada, Diego Luciani, que tiene tres días para pronunciarse. Luego, volverá al juez Gorini que lo definirá junto a sus otros dos colegas del tribunal.
En esa línea, Gorini ordenó también un “amplio” estudio socio ambiental para valorar las condiciones del domicilio elegido por Cristina Kirchner para cumplir la pena. Es un departamento en el barrio de Constitución, adonde se mudó tras sufrir el ataque contra su vida en 2022 frente a su casa de Recoleta.
Ella pretende que la zona céntrica del lugar actual facilite una suerte de peregrinación permanente de la militancia que le es fiel, como ha sucedido en las últimas horas. Eso al menos iten en el PJ más ligado a su hijo Máximo Kirchner.
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Además, el juez le solicitó al Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, que informe qué lugares pueden recibir a la ex presidenta mientras se autoriza su destino definitivo, teniendo en cuenta que ha sido dos veces presidenta, una vice, y que su figura requiere “estándares especiales” puesto que fue víctima de un atentado. El oficio fue recibido hace dos días en esa cartera.
Eso fue así porque el tribunal rechazó el pedido de Cristina de permanecer en su casa hasta tanto se defina si puede o no cumplir la pena domiciliaria allí mismo. Es decir, se deberá presentar personalmente ante el tribunal sin excepciones para los trámites de rigor, como notificarse de la efectividad de la condena, poner los dedos en el famoso pianito y demás cuestiones penales.
La Cámara Electoral fue notificada de que la expresidenta no puede postularse a ningún cargo más
Como parte de las primeras medidas también se comunicó a la Cámara Nacional Electoral que Cristina ya no podrá postularse como candidata a nada, dado que su condena por fraude al Estado contempla, según el Código Penal, la inhabilitación perpetua a cargos públicos además de los 6 años de prisión.
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El juez Gorini dio un plazo de cinco días hábiles para que los condenados (Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, Mauricio Collareda y Raúl Daruich) se presenten para ser detenidos. Ese lapso se definió, explicaron fuentes judiciales, en función de que algunos de los condenados residen en otras provincias y algunos domicilios están desactualizados. Eso sería el miércoles próximo.
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